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Código de Resoluciones

Teoría del poder unitario, de Anders

Nuestra Constitución, en su artículo primero, establece la separación de poderes. Esto es, que los poderes del Estado deben ser ejercidos de forma separada.

Es conveniente precisar el alcance de este principio en su aplicación práctica; ciñéndonos con exactitud a lo expresado en la Carta Magna, la separación de poderes no fue planteada en el sentido de incompatibilidad entre poderes. Ejemplos de esta circunstancia se dan en el caso de individuos que pueden, simultáneamente, ejercer cargos ejecutivos y legislativos.

El artículo segundo de nuestra Constitución confiere al Presidente el cometido de […] nombrar y separar al Gobierno, convocar, disolver y presidir el Parlamento y ejercer la máxima representación del Estado, pero es importante señalar que la fórmula empleada para enumerar estas funciones no incluye ningún carácter de exclusividad. Una interpretación acertada de la Carta Magna concluiría que ésta recomienda y, en caso de ser posible, exhorta a que dichas funciones sean efectivamente llevadas a cabo por el Presidente; pero no excluye la posibilidad de que otros cargos puedan ejercerlas en caso de fuerza mayor.

En tal caso, ¿quién estaría legitimado para ejercer las funciones del Presidente? Dada la naturaleza del cargo presidencial, que exige el control del panel, sólo el Primer Ministro estaría en plenas facultades para ejercer de facto las funciones atribuidas al Presidente. No obstante, la verdadera cuestión a resolver es la de la "legitimidad".

Para ello, de nuevo debemos acudir a lo expresado en la Carta Magna, concretamente a su artículo cuarto, en todo cuanto se refiere a las atribuciones del Parlamento, institución a la que dota de poder del siguiente modo: Aprueba por mayoría simple de sus miembros […] así como cualquier tipo de resolución coherente con la Constitución. Asimismo, una clave fundamental de nuestro derecho constitucional es que la Constitución no establece la irretroactividad de las normas; el Parlamento está plenamente facultado para emitir resoluciones cuyos efectos sean retroactivos sin perjuicio de los límites a este principio que se establezcan en el ordenamiento jurídico.

Atendiendo a todo lo anterior, podemos concluir el poder parlamentario para imponer un poder unitario que legitime al Primer Ministro para ejercer las funciones propias del cargo de Presidente de la República ante casos en que éste último no pueda cumplir, o en cualquier caso no lo haga, con la exhortación que le da preferencia, pero no exclusividad sobre el resto de cargos para el ejercicio de sus funciones. Del mismo modo, atendiendo a la cuestión de la retroactividad, el Parlamento puede legitimar ex post determinadas acciones encaminadas a evitar situaciones de bloqueo mediante la aplicación de las interpretaciones expuestas la presente Teoría del poder unitario.

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